Desmunicipalización de la educación, una tarea urgente y necesaria
La crisis de la educación municipal es una realidad indesmentible y eso es algo que ya nadie niega. De igual modo, la municipalización es una camisa de fuerza que obstaculiza avanzar en la calidad del sistema educacional. El anuncio del gobierno, en orden a establecer un protocolo con los partidos de la Concertación para emprender su reforma, así lo confirma. Es por ello que este camino de una nueva institucionalidad educacional no debiera tener vuelta atrás, por el contrario, día a día, suma nuevos adherentes.
En este sentido, el Colegio de Profesores siempre ha sostenido la necesidad de terminar la municipalización de la educación y crear una institucionalidad que garantice el desarrollo, expansión y perfeccionamiento de la educación pública en la perspectiva de un plan nacional de educación. Ciertamente la municipalización no satisface esta necesidad, no está a la altura, ni da el ancho para proveer de un servicio de calidad mínimamente aceptable.
Las múltiples iniciativas adoptadas en los últimos años, es decir, el incremento en los montos entregados a través de la subvención y programas focalizados -por nombrar algunos ejemplos- no han dado los resultados esperados, esto debido a que la naturaleza misma de la municipalización, lo impide. Se requiere una nueva institucionalidad cuya administración sea única y exclusivamente de la educación.
El Colegio de Profesores en su documento “Principales Desafíos de la Educación Chilena” plantea: “Se debe poner término a la Municipalización de la Educación, estableciendo la organización de un sistema estatal nacional descentralizado, a través de servicios públicos territoriales cuya función única sea la gestión educacional del Estado”. La idea de regionalizar la educación resulta coherente con este planteamiento y justamente reunir las atribuciones de planificación, administración y evaluación en un centro fuerte, bajo la modalidad de un sistema descentralizado, corregirían la actual dispersión y anarquía del sistema de propiedad pública.
Por último, me parece pequeño e irresponsable que la Asociación Chilena de Municipalidades rechace dicha propuesta, toda vez que en más de una ocasión los alcaldes han amenazado con devolver las escuelas al Ministerio de Educación. Ahora podemos apreciar nítidamente su verdadero propósito: obtener más recursos del Estado y más atribuciones para actuar sin control, especialmente en el uso discrecional de estos, junto con lo referido a la contratación y despido de docentes. Esto es, convertirse en dueños de un patrimonio que le pertenece a nuestra nación entera, hipotecando la necesidad que la educación de propiedad pública, sea el referente de calidad que el país exige.
Jaime Gajardo OrellanaPresidente Nacional, Colegio de Profesores de Chile A.G.
